¿Qué es?
Es una estrategia, que ayuda a fortalecer la comunicación oportuna y asertiva con las comunidades educativas y la ciudadanía en general, tendiente a que los niños, jóvenes y adultos estudien en instituciones debidamente legalizadas, como condición básica para garantizar el derecho a una educación de calidad y pertinencia.
Objetivos
1. Fomentar la cultura de la legalidad mediante el reconocimiento social de las instituciones educativas debidamente autorizadas y el control correctivo de los establecimientos que ofrecen el servicio sin licencia de funcionamiento o acto de reconocimiento oficial con el fin de proteger el derecho fundamental de la educación de niños, jóvenes y adultos.
2. Orientar a los usuarios del servicio educativo y ciudadanía en general para que verifiquen la legalidad de la institución en donde desean obtener el servicio educativo con el fin de proteger el derecho a la educación en todas sus dimensiones.
3. Persuadir a los padres, acudientes, cuidadores y ciudadanía, en general, sobre los riesgos de estudiar en entidades sin la debida licencia de funcionamiento para que se abstengan de aceptar estas ofertas e informen de tales irregularidades a las autoridades educativas.
4. Fomentar el reconocimiento social a las instituciones educativas debidamente legalizadas con el fin de consolidar la confianza de sus usuarios y de la ciudadanía en general.
5. Requerir el apoyo de las instituciones educativas debidamente legalizadas para que informen a las autoridades educativas sobre la existencia de cualquier establecimiento que carezca de reconocimiento oficial con el fin de ejercer control y evitar que los usuarios sean objeto de engaño.
Fundamento
En la evolución histórica de Colombia como Estado social de derecho, la educación se elevó a la categoría de derecho fundamental (art. 67 CPC). Se fijaron fines relacionados con la formación integral de las personas y la construcción de identidad (art. 5 Ley 115 de 1994). Para garantizar este derecho en todas sus dimensiones, el Estado asumió la potestad de regular el servicio educativo a través del Ministerio de Educación Nacional MEN y de las entidades territoriales certificadas para tal fin.
La institución educativa como entidad prestadora del servicio, es la célula del sistema. Para ofrecer una educación de calidad y pertinencia debe poseer planta física y medios educativos adecuados, infraestructura administrativa suficiente, proyecto educativo institucional y licencia de funcionamiento o acto de reconocimiento oficial (art. 138 Ley 115 de 1994).
Desde hace varias décadas la Secretaría de Educación del Distrito SED viene otorgando reconocimiento oficial a los colegios distritales y licencias de funcionamiento a instituciones de educación formal del sector educativo privado y de educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH). Sin embargo, han sido recurrentes las quejas de la ciudadanía sobre establecimientos que ofrecen el servicio sin la debida licencia de funcionamiento. La SED, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia DIV y de los Equipos locales de inspección, vigilancia y supervisión ha ejercido el control correctivo a estas situaciones.
Con el ánimo de ejercer control preventivo, entre 2015 y 2016, en la DIV surgió la idea de realizar la campaña Estudia Legal, con miras de elaborar una estrategia constructiva que genere impacto en la comunidad educativa y público en general.
En desarrollo de las actuales políticas de la Administración, la campaña se retomó a mediados de noviembre de 2021, como una acción conjunta entre la Dirección de Inspección y Vigilancia, y la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, elaborando un plan de trabajo, el cual fue aprobada y respaldada como una estrategia vital para el retorno a clases luego de la pandemia causada por el SARS-CoV-2-19.
Con el lanzamiento de la campaña Estudia Legal, que se realizó el 30 de julio de 2021 mediante la plataforma Facebook Live se logró la convocatoria de más de 400 personas conectadas, conociendo toda esta iniciativa, teniendo en cuenta el desarrollo de la campaña de expectativa que inicio los días 22, 26 y 30 de diciembre de 2020 mediante la cual se difundieron piezas comunicativas por Twitter, Facebook e Instagram, con mensajes persuasivos a la ciudadanía para que se verificara la legalidad de las instituciones antes de iniciar estudios, e invitaba a consultar las bases de datos de los colegios legalizados.
Estudio y trabajo desde la Dirección de Inspección y Vigilancia DIV - SED
La educación es un derecho fundamental, garantizado por el Estado, como un servicio público (CPC). Con el fin de garantizar este derecho, el servicio debe ser ofrecido por instituciones debidamente legalizadas (art. 138 Ley 115 de 1994). No obstante, se han detectado establecimientos que ofrecen el servicio educativo sin la debida autorización oficial. En el año 2020 se registran en la SED procesos de cierre de establecimientos (por este tipo de situaciones) como acciones legítimas de control correctivo, por parte de la administración educativa de la ciudad.
Desde la función de inspección y vigilancia, el control preventivo tiene por objeto ilustrar a la ciudadanía sobre el carácter legal que deben tener las instituciones educativas a fin de que, los estudios allí cursados tengan validez jurídica, social y académica.
La campaña “Estudia legal” es la forma como la institucionalidad educativa promueve el principio de legalidad en el sector, a través de diversos medios de comunicación y mediante una gestión articulada de los distintos niveles de la administración, en conjunto con las instituciones educativas debidamente legalizadas. Se trata de fortalecer una alianza entre el Estado, las instituciones educativas y la ciudadanía para fortalecer el principio de legalidad como fundamento jurídico de una educación de calidad y pertinencia que contribuya al desarrollo de las personas y a la sociedad en su conjunto. De esta manera se avanza hacia el cierre de las brechas educativas.
Mediante la Campaña Institucional de la Secretaría de Educación del Distrito “ESTUDIA LEGAL” se viene combatiendo a aquellos establecimientos que ofrecen, prestan y desarrollan el servicio público de educación sin la autorización previa de la Secretaría de Educación del Distrito, mediante una Licencia de Funcionamiento otorgada por la Dirección Local de Educación respectiva, que conlleva a iniciar procesos administrativos que obliga a imponer sanciones u otras medidas, por el incumplimiento de la normatividad vigente y que sin embargo, a la fecha se siguen reportando casos de ilegalidad por parte de instituciones de carácter privado.
¿Cómo saber si una institución educativa formal es Legal?
Si le genera dudas una institución educativa formal pública o privada en la ciudad de Bogotá D.C. Aquí las podrá resolver consultando el Directorio Único de Establecimientos DUE. Incluso, puede consultar seleccionando el sector (oficial o no oficial) de la localidad y el estado (antiguo o nuevo), diligenciando el Dane12, no obstante, si no tiene acceso a esta información omita el paso y solamente escriba el nombre del colegio o jardín. Por otro lado, también puede consultar la página del Ministerio de Educación Nacional MEN.
¿Cómo saber si una IETDH o Centro de Enseñanza Automovilística CEA Es Legal?
Si le genera dudas una Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano IETDH o Centro de Enseñanza Automovilística CEA en la ciudad de Bogotá D.C. Resuélvalas ingresando al Sistema de Información de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano SIET. Allí se recomienda consultar seleccionando por el filtro de Secretaría de Educación certificada a nivel Nacional, la localidad, o ingresando solamente el nombre de la IETDH o CEA.
¿Qué hacer si una institución es ilegal?
Reportarlo inmediatamente en su localidad a través de las Direcciones Locales de Educación: Directorio DILE o utilizar los siguientes medios:
- Repórtelo a las líneas telefónicas institucionales (601) 3241000.
- Escribir al correo contactenos@educacionbogota.edu.co.
- Utilizar la Ventanilla de Radicación Virtual, dirigiéndose a la Dirección de Inspección y Vigilancia.
- Acudir al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas.
Créditos:
OACP - Secretaria de educación