Soberanía y autodeterminación una mirada crítica al poder de Estados Unidos

El siglo XXI ha evidenciado la persistencia de tensiones entre la soberanía de los Estados y las prácticas de intervención de potencias extranjeras. Entre estas, Estados Unidos ha desempeñado un papel central, ejerciendo su influencia económica, política y militar en múltiples regiones del mundo. Desde la perspectiva de la teoría política y el derecho internacional, estas acciones suscitan debates profundos sobre la legitimidad del poder, los límites de la autoridad estatal y la vigencia del principio de autodeterminación de los pueblos.

La soberanía, entendida como la autoridad suprema e independiente de un Estado sobre su territorio y población, constituye un pilar del orden internacional moderno. Por su parte, la autodeterminación permite que los pueblos decidan su destino político, económico y social sin interferencias externas. Ambos conceptos, sin embargo, se ven constantemente tensionados cuando intervenciones extranjeras —disfrazadas de “misiones humanitarias”, “lucha contra el terrorismo” o “promoción de la democracia”— afectan la capacidad de los pueblos de ejercer su propia voluntad.

El concepto de soberanía ha sido objeto de reflexión desde los orígenes de la teoría política moderna. Jean Bodin (1576) definió la soberanía como el poder absoluto y perpetuo de un Estado para legislar dentro de su territorio, sin subordinación a ninguna autoridad externa. Siglos más tarde, Thomas Hobbes (1651/1996) vinculó la soberanía con la necesidad de un poder central que garantice el orden social, destacando que la autonomía del Estado es condición para la paz interna y la estabilidad política.

Con la formación del sistema internacional moderno, la soberanía se convirtió en principio rector de las relaciones entre Estados, consolidado en la Carta de las Naciones Unidas (1945). El artículo 2(1) de la Carta establece que la organización se basa en el “principio de la igualdad soberana de todos sus miembros”, mientras que el artículo 2(4) prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado (ONU, 1945).

La soberanía, sin embargo, no es un concepto meramente jurídico. Desde la teoría política contemporánea, se reconoce que los Estados existen dentro de un entramado de poder global, donde la independencia formal puede entrar en conflicto con la dependencia económica, tecnológica y militar. Stephen Krasner (1999) distingue entre soberanía de jure (reconocimiento legal) y soberanía de facto (capacidad real de ejercer autoridad), señalando que la brecha entre ambas frecuentemente es aprovechada por Estados poderosos para imponer agendas externas.

En paralelo, el principio de autodeterminación de los pueblos se consolidó como un derecho fundamental tras la Segunda Guerra Mundial, inscrito en la Carta de las Naciones Unidas y en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966a; 1966b). La autodeterminación implica que los pueblos pueden decidir libremente su forma de gobierno, sus estructuras económicas y políticas, y su pertenencia o separación de otros Estados, sin coerción externa.

Históricamente, este principio ha sido central en los procesos de descolonización y emancipación nacional. Sin embargo, en la práctica, su aplicación ha sido desigual. La intervención de potencias extranjeras, con justificaciones que van desde la seguridad internacional hasta la “responsabilidad de proteger”, ha erosionado el derecho de los pueblos a decidir su propio destino, cuestionando la universalidad de la autodeterminación.

El poder de Estados Unidos en la política global se ha manifestado en formas diversas: intervenciones militares directas, operaciones encubiertas, presión económica, imposición de sanciones y promoción de gobiernos afines. Estas acciones han tenido un impacto significativo en regiones como Medio Oriente, América Latina y el sudeste asiático, y han generado un debate internacional sobre su legitimidad y sus efectos en la soberanía de los Estados.

Un ejemplo paradigmático es la invasión de Irak en 2003, justificada por la administración estadounidense bajo la premisa de “desarmar armas de destrucción masiva” y promover la democracia (Dodge, 2003). La realidad posterior evidenció la debilidad de los argumentos y el daño causado a la integridad territorial y la estabilidad del país. En Afganistán, la intervención militar de Estados Unidos durante más de dos décadas cuestionó no solo la soberanía del Estado afgano, sino también la eficacia del uso de la fuerza para imponer un modelo político externo (Gopal, 2014).

En América Latina, las intervenciones se han manifestado a través de golpes de Estado apoyados tácita o directamente por agencias estadounidenses durante la Guerra Fría, así como mediante presiones económicas y políticas en la era contemporánea. Países como Chile, Nicaragua y Venezuela han sufrido las consecuencias de políticas que, bajo la retórica de seguridad y democracia, han limitado la capacidad de sus gobiernos y pueblos para ejercer plena autodeterminación (Galeano, 1971; Ellner, 2010).

Estas prácticas ilustran cómo la soberanía de jure puede ser vulnerada por la presión de Estados con mayor poder económico y militar. La autonomía formal de un Estado no garantiza necesariamente su capacidad de decisión efectiva frente a actores externos con intereses estratégicos.

La brecha entre soberanía formal y soberanía real genera tensiones éticas y políticas. Por un lado, la comunidad internacional reconoce la soberanía y la autodeterminación como principios fundamentales; por otro, el orden global permite que las potencias ejerzan intervenciones que erosionan estos derechos. Esta dicotomía plantea un dilema central: ¿cómo garantizar la protección de los pueblos sin justificar intervenciones externas que vulneran su autonomía?

El intervencionismo no solo socava la soberanía; también debilita la legitimidad del sistema internacional basado en normas compartidas. Cuando los principios de autodeterminación y no intervención se violan selectivamente, se profundiza la desigualdad entre Estados y se normaliza un orden de facto donde el poder determina más que el derecho. Esto genera resentimiento, conflictos prolongados y pérdida de confianza en instituciones multilaterales, evidenciando la necesidad de repensar las estructuras de gobernanza global.

El respeto a la autodeterminación implica reconocer que cada pueblo posee conocimiento, historia y cultura propios, que deben guiar sus decisiones políticas y sociales. Cualquier intervención que ignore estas dimensiones, incluso con justificaciones humanitarias, constituye una forma de neocolonialismo y erosiona la ética internacional.

La defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no es un acto de defensa pasiva; es una exigencia ética y política. Reconocer que los pueblos tienen derecho a decidir sobre su destino es fundamental para la justicia internacional, la paz duradera y la integridad del sistema global.

En un mundo donde las intervenciones externas siguen siendo una herramienta frecuente de política internacional, resulta urgente reafirmar estos principios, no solo en términos legales, sino también en términos morales y prácticos. Esto implica fortalecer instituciones multilaterales, respetar los procesos internos de cada Estado y construir mecanismos de cooperación que no supongan subordinación ni imposición.

El análisis crítico de las intervenciones estadounidenses, y de cualquier otra potencia, muestra la persistencia de un desequilibrio entre poder y derecho. La soberanía y la autodeterminación no deben ser entendidas como meros conceptos teóricos, sino como herramientas de resistencia y garantía de dignidad para los pueblos. Solo desde este enfoque es posible aspirar a un orden internacional donde la justicia, la autonomía y la cooperación no se contradigan.

En suma, defender la soberanía y la autodeterminación significa reconocer la capacidad de los pueblos para autogobernarse, respetar sus decisiones y resistir las imposiciones externas. Es un llamado a pensar un mundo donde la fuerza no determine la legitimidad, y donde la ética política se convierta en fundamento de la gobernanza global.