ESTADOS DESBORDADOS REVISTA LOGIA

La historia de la humanidad es también la historia del desplazamiento. Desde los primeros grupos nómadas hasta los grandes éxodos contemporáneos, el movimiento ha sido una constante en la vida humana. Sin embargo, en el contexto actual de globalización capitalista, los flujos migratorios se han intensificado y complejizado hasta poner en entredicho la capacidad de respuesta de los Estados-nación y, más aún, la legitimidad de las estructuras de poder que los sustentan.

Frente a una realidad donde millones de personas se ven forzadas a migrar por causas estructurales —guerras, pobreza, violencia, cambio climático— el aparato estatal parece cada vez más desbordado, incapaz de garantizar derechos, cohesión social o dignidad humana.

Y es precisamente en este punto donde el sistema capitalista muestra sus grietas más profundas: promueve la libre circulación de capitales, pero restringe la de cuerpos; glorifica la movilidad del mercado, pero criminaliza la movilidad humana.

El Estado-nación, tal como se consolidó a partir del siglo XIX, se fundamenta en tres pilares: territorio, soberanía y ciudadanía. Sin embargo, los movimientos migratorios contemporáneos desestabilizan estas bases. La migración transnacional, lejos de ser una excepción, se ha vuelto una característica estructural del sistema global. Como señala Saskia Sassen (2003), el Estado ya no puede controlar completamente su territorio ni ejercer su soberanía de forma aislada; depende de acuerdos internacionales, organismos supranacionales y redes económicas globales que lo atraviesan.

En América Latina, esta crisis se evidencia en fenómenos como el éxodo venezolano —uno de los mayores desplazamientos humanos recientes— y las caravanas migrantes centroamericanas hacia Estados Unidos. Estos movimientos no son espontáneos ni desordenados: responden a condiciones estructurales profundamente arraigadas en el modelo económico global y en las desigualdades que este produce.

La migración no es un accidente del sistema; es su consecuencia lógica. Lo que Boaventura de Sousa Santos (2006) llama “zonas de sacrificio” —regiones devastadas por la explotación de recursos, por políticas neoliberales o por violencia estructural— no son marginales, sino funcionales al sistema capitalista. Las poblaciones expulsadas de sus territorios son víctimas de un modelo que extrae riqueza y concentra privilegios en unas pocas manos.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por ejemplo, provocó la ruina de miles de campesinos mexicanos, quienes no pudieron competir con la agroindustria estadounidense subsidiada. Muchos de ellos optaron por migrar.

Así, el mercado se “libera”, pero los cuerpos quedan sujetos a controles, muros y detenciones. La frontera se convierte entonces en un dispositivo biopolítico, como diría Michel Foucault (2006), donde se regula la vida, se decide quién puede pasar y quién debe morir.

Las fronteras han dejado de ser meras delimitaciones geográficas para convertirse en zonas de excepción, donde los derechos humanos se suspenden y la ley se vuelve selectiva.

En la frontera entre México y Estados Unidos, por ejemplo, se han documentado múltiples violaciones a los derechos de los migrantes: desde detenciones arbitrarias hasta separación familiar, pasando por deportaciones sumarias y condiciones inhumanas en centros de reclusión.

Pero el fenómeno no es exclusivo del norte. En la frontera sur de México, el gobierno actúa como un muro de contención al servicio de Estados Unidos, deteniendo a miles de migrantes centroamericanos en condiciones precarias. Esta externalización de las fronteras es parte de un nuevo orden migratorio global, en el que los países periféricos asumen tareas represivas para mantener la “seguridad” de los centros capitalistas.

Esta lógica reproduce un sistema de exclusión que criminaliza a quienes huyen de contextos imposibles. Se trata de un sistema que jerarquiza vidas: las del norte valen más que las del sur, las del mercado más que las del pueblo, las del consumidor más que las del trabajador migrante.

La migración forzada no es solo un problema económico o político; es también una herida antropológica. El desarraigo, la separación de la tierra, de la comunidad y de los vínculos afectivos deteriora el tejido social y fragmenta la identidad. Los migrantes encarnan de manera dramática esta inestabilidad: no tienen lugar fijo, no pertenecen completamente a ningún lado, son extraños incluso donde trabajan y contribuyen.

En América Latina, muchas comunidades han sido vaciadas por la migración. Los pueblos quedan sin jóvenes, las familias se fracturan, los niños crecen con padres ausentes. A cambio, llegan remesas económicas que sostienen el consumo pero no restituyen los lazos rotos. El sistema celebra esas remesas como “beneficios”, ignorando el costo humano de la migración forzada.

Ante esta realidad, se hace urgente repensar las nociones tradicionales de soberanía y ciudadanía. ¿Puede seguir siendo legítimo un Estado que solo protege a quienes tienen documentos? ¿Qué sentido tiene una ciudadanía basada en el lugar de nacimiento si el sistema mismo obliga a desplazarse?

Autores como Étienne Balibar (2004) han propuesto una ciudadanía transnacional, que no dependa del Estado-nación sino de la pertenencia activa a una comunidad política. Otros, como Judith Butler (2017), han defendido una ética del cuidado y la interdependencia como fundamento de una política más humana.

Desde América Latina, movimientos como el zapatismo o las comunidades migrantes organizadas están proponiendo nuevas formas de pertenencia, que priorizan la dignidad, la justicia y la memoria. En ese sentido, el migrante no es solo una víctima: también puede ser un actor político que cuestiona las estructuras injustas y abre caminos de transformación.

Frente a un mundo que construye muros, la hospitalidad se convierte en un acto revolucionario. Inspirados por Emmanuel Lévinas (1991) y Jacques Derrida (1997), podemos pensar la hospitalidad no como un gesto caritativo, sino como un deber ético profundo: reconocer al otro como legítimo, como portador de un rostro y una historia.

En América Latina, múltiples experiencias comunitarias han practicado esta hospitalidad activa: albergues para migrantes, redes de acompañamiento, santuarios en iglesias, colectivas feministas que protegen a mujeres en tránsito. Estas prácticas son pequeñas luces en medio de un sistema oscurantista, y muestran que otro mundo es posible, uno donde el valor de la vida no dependa de un pasaporte.

Los movimientos migratorios contemporáneos son una radiografía de las contradicciones más profundas del sistema capitalista. Nos revelan un mundo que se proclama global pero que fragmenta; que defiende los derechos humanos pero permite campos de detención; que exalta la libertad de mercado pero encierra a quienes huyen de la pobreza.

El Estado-nación clásico, con sus muros y pasaportes, se muestra cada vez más incapaz de dar respuestas éticas y sostenibles. Necesitamos imaginar nuevas formas de comunidad, nuevas articulaciones de lo político, nuevas soberanías centradas en la dignidad humana.

América Latina, con su historia de resistencia, mestizaje y lucha, puede ser laboratorio de esas nuevas formas. Pero para ello es indispensable mirar al migrante no como problema, sino como espejo y maestro. Como alguien que, al cruzar una frontera, nos obliga a preguntarnos qué significa pertenecer, qué significa vivir juntos, qué significa ser humanos.