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Ácido tranexámico, anemia del embarazo y sangrado posparto.

Nov 1, 2024

Los ensayos controlados aleatorios han demostrado que el tratamiento temprano con ácido tranexámico reduce la pérdida de sangre en la cirugía y reduce la muerte debido a sangrado después de un trauma. Cuando se administra dentro de las 3 horas del nacimiento, el ácido tranexámico reduce las muertes causadas por el sangrado en mujeres con hemorragia posparto. Sin embargo, para muchas mujeres, el inicio del tratamiento de la hemorragia posparto es demasiado tarde para prevenir la muerte. Más de un tercio de las mujeres embarazadas en todo el mundo son anémicas y muchas son gravemente anémicas. Estas mujeres tienen un mayor riesgo de hemorragia posparto y tienen resultados más graves si se produce una hemorragia posparto. Una revisión sistemática realizada antes del inicio del ensayo WOMAN-2 mostró que no había pruebas suficientes de si el ácido tranexámico previene la hemorragia posparto durante el parto, especialmente en mujeres con anemia de alto riesgo.

Un estudio publicado hoy en The Lancet muestra que las pacientes con anemia moderada y severa en las que el medicamento se administró después de cortar el cordón umbilical no modificó significativamente el riesgo de sangrado uterino post-parto (7% vs 6.6%, unas 7,500 pacientes por grupo Placebo . ATX)

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Resumen

Desde The Lancet, nov 1 2024. Sección para América Latina.

En 2023 se desarrollaron una serie de acontecimientos climatológicos y políticos que impulsaron en parte la agenda mundial sobre el clima y la salud, al tiempo que expusieron importantes disparidades y vulnerabilidades a los acontecimientos relacionados con el clima. En el ámbito de las políticas, se dio un importante paso adelante con el primer Día de la Salud de la COP28, en el que se reconocieron los profundos efectos del cambio climático en la salud. Sin embargo, el primer balance mundial de la historia mostró una brecha importante entre el progreso actual y los objetivos esbozados en el Acuerdo de París, lo que subraya la necesidad urgente de tomar medidas adicionales y decisivas. Desde una perspectiva latinoamericana, surgen algunas preguntas: ¿Cómo logramos el cambio que se necesita? ¿Cómo abordar las vulnerabilidades al cambio climático en una región con desigualdades sociales de larga data? ¿Cómo promover la colaboración intersectorial para enfrentar una problemática compleja como el cambio climático? El debate sigue en curso y, en muchos casos, no ha hecho más que empezar.

El rebautizado centro regional Lancet Countdown Latin America (anteriormente llamado Lancet Countdown South America) amplió su alcance geográfico añadiendo a México y cinco países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, como respuesta a la necesidad de una mayor colaboración en una región con importantes disparidades sociales, incluidas las capacidades de investigación y la financiación. El centro es una colaboración independiente y multidisciplinaria que rastrea los vínculos entre la salud y el cambio climático en América Latina, siguiendo las metodologías y cinco dominios de la revista global Lancet Countdown. El trabajo de The Lancet Countdown Latin America depende del compromiso de 23 instituciones académicas regionales, agencias de las Naciones Unidas y 34 investigadores que generosamente contribuyen con su tiempo y experiencia.

A partir del primer informe, el informe 2023 de The Lancet Countdown Latin America, presenta 34 indicadores que rastrean la relación entre la salud y el cambio climático hasta 2022, con el objetivo de aportar evidencia a la toma de decisiones públicas con el propósito de mejorar la salud y el bienestar de las poblaciones latinoamericanas y reducir las inequidades sociales a través de acciones climáticas centradas en la salud.

Este informe muestra que las poblaciones latinoamericanas continúan observando una creciente exposición a las condiciones climáticas cambiantes. Se ha observado una tendencia al calentamiento en todos los países de América Latina, con severos impactos directos. En 2022, las personas estuvieron expuestas a temperaturas ambiente, en promedio, 0,38 °C más altas que en 1986-2005, siendo Paraguay el país con la mayor anomalía (+1,9 °C), seguido de Argentina (+1,2 °C) y Uruguay (+0,9 °C) (indicador 1.1.1). En 2013-2022, los lactantes estuvieron expuestos a un 248% más de días de ola de calor y las personas mayores de 65 años estuvieron expuestas a un 271% más de días de ola de calor que en 1986-2005 (indicador 1.1.2). Además, en comparación con 1991-2000, en 2013-2022 hubo 256 y 189 horas anuales adicionales por persona, durante las cuales el calor ambiental presentó al menos un riesgo moderado y alto de estrés calórico durante la actividad física ligera al aire libre en América Latina, respectivamente (indicador 1.1.3). Por último, la región registró un aumento del 140% en la mortalidad relacionada con el calor entre 2000-2009 y 2013-2022 (indicador 1.1.4).

Los cambios en los ecosistemas han provocado un mayor riesgo de incendios forestales, exponiendo a las personas a un peligro de incendio muy o extremadamente alto durante períodos más prolongados (indicador 1.2.1). Además, el potencial de transmisión del dengue por mosquitos Aedes aegypti ha aumentado en un 54% desde 1951-1960 hasta 2013-2022 (indicador 1.3), lo que se alinea con los recientes brotes y el aumento de casos de dengue observados en América Latina en los últimos meses.

Con base en el informe 2023 de The Lancet Countdown Latin America, hay tres mensajes clave que América Latina necesita explorar y avanzar más para un desarrollo resiliente al clima centrado en la salud.

Los países latinoamericanos requieren políticas públicas intersectoriales que simultáneamente aumenten la resiliencia climática, reduzcan las inequidades sociales, mejoren la salud de la población y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Los hallazgos muestran que las políticas de adaptación en América Latina siguen siendo débiles, con una necesidad apremiante de evaluaciones sólidas de vulnerabilidad y adaptación para abordar los riesgos climáticos de manera efectiva. Desgraciadamente, estas evaluaciones son escasas. Hasta 2021, Brasil es el único país que ha completado y reportado oficialmente un V&A a la Encuesta Global 2021 realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Argentina, Guatemala y Panamá también los han realizado, pero no han sido reportados (indicador 2.1.1). Del mismo modo, los esfuerzos en la elaboración y aplicación de los Planes Nacionales de Adaptación en materia de Salud (PNAH) son variados y de alcance limitado. Brasil, Chile y Uruguay son los únicos países que cuentan con un PNAF (indicador 2.1.2). Además, las evaluaciones de riesgo del cambio climático a nivel de ciudad autoinformadas son muy limitadas en la región (indicador 2.1.3).

La colaboración entre los sectores meteorológico y de salud sigue siendo insuficiente, ya que solo Argentina, Brasil, Colombia y Guatemala reportan algún nivel de integración (indicador 2.2.1), lo que dificulta las respuestas integrales a los riesgos para la salud relacionados con el clima en la región. Además, a pesar de la urgente necesidad de acción, desde 2015 se han registrado avances mínimos en el aumento de los espacios verdes urbanos en toda la región, y solo Colombia, Nicaragua y Venezuela han mostrado ligeras mejoras (indicador 2.2.2). A estos desafíos se suma la disminución del financiamiento para proyectos de adaptación al cambio climático en América Latina, como lo demuestra la caída del 16% en los fondos asignados por el Fondo Verde para el Clima (FVC) en 2022 en comparación con 2021. De manera alarmante, ninguno de los fondos aprobados en 2022 se destinó a proyectos de cambio climático y salud, lo que pone de manifiesto una brecha crítica para abordar los riesgos climáticos relacionados con la salud (indicador 2.2.3).

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, el Índice de Riesgo de Mosquitos (MoRI) indica una disminución general del riesgo grave de enfermedades transmitidas por mosquitos en la región debido a las mejoras en el agua, el saneamiento y la higiene (WASH) (indicador 2.3.1). Brasil y Paraguay fueron los únicos países que mostraron un aumento en este indicador. Cabe señalar que aún persisten importantes variaciones temporales dentro de los países y entre ellos, lo que sugiere una preparación inadecuada para los cambios relacionados con el clima.

En general, la salud de la población no está determinada únicamente por el sector de la salud, ni las políticas climáticas son responsabilidad exclusiva del sector ambiental. Se necesita una colaboración intersectorial más y más fuerte para pavimentar caminos de desarrollo que consideren una adaptación sólida al cambio climático, mayores reducciones de emisiones de GEI y que aumenten la equidad social y la salud de la población. Estas políticas involucran sectores como las finanzas, el transporte, la energía, la vivienda, la salud y la agricultura, lo que requiere estructuras institucionales e instrumentos de política que permitan la colaboración intersectorial a largo plazo.

Los países latinoamericanos deben acelerar una transición energética que priorice la salud y el bienestar de las personas, reduzca la pobreza energética y la contaminación del aire, y maximice los beneficios sanitarios y económicos.

En América Latina, existe una notable disparidad en la transición energética, ya que la generación de electricidad a partir del carbón aumentó en un promedio del 2,6% entre 1991-2000 y 2011-2020, lo que plantea un desafío para los esfuerzos destinados a eliminar gradualmente el carbón (indicador 3.1.1). Sin embargo, este aumento porcentual es conservador, ya que es posible que no incluya todos los combustibles fósiles para la generación de electricidad termoeléctrica, especialmente durante los eventos relacionados con el clima y cuando la energía hidroeléctrica se ve afectada (Panel 4). Sin embargo, las fuentes de energía renovable han ido creciendo, aumentando en un promedio del 5,7% durante el mismo período. El acceso a combustibles limpios para cocinar sigue siendo motivo de preocupación, ya que el 46,3% de la población rural en Centroamérica y el 23,3% en América del Sur carecían de acceso a combustibles limpios en 2022 (indicador 3.1.2). Es crucial destacar la preocupante dependencia excesiva de los combustibles fósiles, en particular el gas licuado de petróleo (GLP), como combustible principal para cocinar. Una mayoría significativa de la población latinoamericana, aproximadamente el 74,6%, depende del GLP para cocinar. La transición a alternativas de calefacción y cocina más limpias también podría tener un beneficio para la salud al reducir la mortalidad relacionada con la contaminación del aire en los hogares. Los combustibles fósiles siguen dominando la energía del transporte por carretera en América Latina, representando el 96%, aunque algunos países de América del Sur están aumentando el uso de biocombustibles (indicador 3.1.3). Mortalidad prematura atribuible a las partículas derivadas de los combustibles fósiles2.5 ha mostrado tendencias variadas entre países, aumentando un 3,9% entre 2005 y 2020 en toda América Latina, lo que corresponde a 123,5 muertes prematuras por millón de personas (indicador 3.2.1). Los países de América Latina con la tasa de mortalidad prematura más alta atribuible a las MP2.5 en 2020 fueron Chile, Perú, Brasil, Colombia, México y Paraguay. Del total de muertes prematuras atribuibles a las PM2.5 En 2020, el 19,1% provino del transporte, el 12,3% de los hogares, el 11,6% de la industria y el 11% de la agricultura.

Desde el punto de vista de las emisiones y la captura de GEI, la deforestación provocada por los productos básicos y la expansión de las tierras agrícolas siguen siendo los principales contribuyentes a la pérdida de cobertura arbórea en la región, y representan alrededor del 80% de la pérdida total (indicador 3.3). Además, la producción de alimentos de origen animal en América Latina contribuye con el 85% del CO agrícola2 emisiones equivalentes, con Argentina, Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay ocupando los primeros lugares en emisiones per cápita (indicador 3.4.1). Desde el punto de vista de la salud, en 2020, aproximadamente 870.000 muertes se asociaron a dietas desequilibradas, de las cuales 155.000 (18%) se relacionaron con una alta ingesta de carne roja y procesada y productos lácteos (indicador 3.4.2).

La transición energética en América Latina aún está en pañales y, como resultado, millones de personas están actualmente expuestas a niveles peligrosos de contaminación del aire y pobreza energética (es decir, falta de acceso a fuentes o servicios energéticos esenciales). Como se muestra en este informe, los niveles de contaminación del aire, tanto en exteriores como en interiores, son un problema importante en toda la región, con marcadas disparidades entre las zonas urbanas y rurales. En 2022, Perú, Chile, México, Guatemala, Colombia, El Salvador, Brasil, Uruguay, Honduras, Panamá y Nicaragua se encontraban entre los 100 países más contaminados a nivel mundial. La transición a fuentes de energía más limpias, la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la promoción de una mejor eficiencia energética en los sectores industrial y de la vivienda no son solo medidas de mitigación del clima, sino también enormes oportunidades sanitarias y económicas para sociedades más prósperas y saludables.

Los países latinoamericanos necesitan aumentar el financiamiento climático a través de compromisos fiscales permanentes y bancos multilaterales de desarrollo para pavimentar caminos de desarrollo resilientes al clima.

El cambio climático plantea costos económicos significativos, y las inversiones en medidas de mitigación y adaptación avanzan lentamente. En 2022, las pérdidas económicas debidas a eventos extremos relacionados con el clima en América Latina fueron de US$15.600 millones, monto impulsado principalmente por inundaciones y deslizamientos de tierra en Brasil, lo que representa el 0,28% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina (indicador 4.1.1). A diferencia de los países de ingresos altos, la mayoría de estas pérdidas carecen de cobertura de seguro, lo que supone una presión financiera sustancial para las familias y los gobiernos afectados. La mortalidad relacionada con el calor entre las personas de 65 años y más en América Latina alcanzó niveles alarmantes, con pérdidas que superaron el equivalente al ingreso promedio de 451.000 personas anuales (indicador 4.1.2). Además, la pérdida potencial total de ingresos debido a la reducción de la capacidad de mano de obra relacionada con el calor ascendió al 1,34% del PIB regional, afectando de manera desproporcionada a los sectores de la agricultura y la construcción (indicador 4.1.3). Además, el costo económico de la mortalidad prematura por contaminación atmosférica fue sustancial, equivalente a una parte significativa del PIB regional (0,61%) (indicador 4.1.4).

Como nota positiva, las inversiones en energías limpias en la región aumentaron en 2022, superando las inversiones en combustibles fósiles. Sin embargo, en 2020, todos los países examinados continuaron ofreciendo precios netos negativos del carbono, revelando subsidios a los combustibles fósiles por un total de US$23 mil millones. Venezuela tuvo los subsidios netos más altos en relación con el gasto corriente en salud (123%), seguido de Argentina (10,5%), Bolivia (10,3%), Ecuador (8,3%) y Chile (5,6%) (indicador 4.2.1).

La energía basada en combustibles fósiles es hoy más cara que las energías renovables. La quema de combustibles fósiles impulsa el cambio climático y daña el medio ambiente del que dependen las personas, y la contaminación del aire derivada de la quema de combustibles fósiles causa siete millones de muertes prematuras cada año en todo el mundo, junto con una carga sustancial de enfermedades. La transición a fuentes de energía sostenibles y de cero emisiones, el fomento de sistemas alimentarios más saludables y la aceleración de los esfuerzos de adaptación prometen no solo beneficios ambientales, sino también importantes ganancias económicas. Sin embargo, para implementar políticas de mitigación y adaptación que también mejoren el bienestar social y la prosperidad, se necesitan sistemas financieros más fuertes y sólidos. El financiamiento climático en los países latinoamericanos es escaso y depende en gran medida de los ciclos políticos, lo que amenaza respuestas adecuadas a los desafíos actuales y futuros.

Los avances en la agenda climática están rezagados con respecto al ritmo urgente que se requiere. Si bien el compromiso con la intersección de la salud y el cambio climático está aumentando, la participación de los gobiernos sigue siendo inadecuada. La cobertura periodística de la salud y el cambio climático ha ido en aumento, alcanzando su punto máximo en 2022, pero la proporción de artículos sobre el cambio climático que hablan de la salud ha disminuido con el tiempo (indicador 5.1). Si bien ha habido un crecimiento significativo en el número de artículos científicos enfocados en América Latina, todavía representa menos del 4% de las publicaciones globales sobre el tema (indicador 5.3). Y, si bien la mayoría de los países latinoamericanos mencionaron la salud en el Debate General de la ONU en 2022, solo unos pocos abordaron la intersección de la salud y el cambio climático, lo que indica una falta de conciencia a nivel gubernamental (indicador 5.4).

El informe Countdown Latin America 2023 de The Lancet subraya los impactos en cascada y agravados en la salud del cambio climático antropogénico, caracterizado por una mayor exposición a olas de calor, incendios forestales y enfermedades transmitidas por vectores. Específicamente, para América Latina, el informe enfatiza tres mensajes críticos: la acción urgente para implementar políticas públicas intersectoriales que mejoren la resiliencia climática en toda la región; la necesidad apremiante de priorizar una transición energética que se centre en los beneficios colaterales de la salud y el bienestar y, por último, la necesidad de aumentar la financiación climática comprometiéndose a realizar esfuerzos fiscales sostenidos y colaborando con los bancos multilaterales de desarrollo. Al comprender los problemas, abordar las brechas y tomar medidas decisivas, América Latina puede sortear los desafíos del cambio climático, fomentando un futuro más sostenible y resiliente para su población.